El pleno de septiembre aprobó una moción elevada por nuestra formación política para solicitar a la Junta de Andalucía que modifique la actual normativa relativa a las acciones de formación. Las actuales dificultades materiales y económicas impiden a los ayuntamientos como el nuestro poder llevar a cabo más iniciativas destinadas a la formación y el empleo.
Texto de la moción
En la actualidad, aquellas entidades y centros de formación de titularidad pública o privada que deseen impartir acciones formativas incluidas en el Fichero Andaluz de Especialidades Formativas de Formación Profesional para el Empleo (FPE) están obligadas a estar acreditadas y/o inscritas en el Registro de Centros y Entidades Colaboradoras en materia de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Para la obtención de este registro, necesario y exigido por la administración autonómica para solicitar programas formativos, obliga al cumplimiento de la siguiente normativa:
- Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, así como los procesos comunes de acreditación e inscripción de las entidades de formación para impartir especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas.
- Orden de 23 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión del subvenciones y ayudas y otros procedimientos.
- Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía.
- Resolución de 23 de junio de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se da publicidad a efectos informativos de las modificaciones realizadas en determinados formularios en virtud de lo dispuesto en el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre.
Este ingente trabajo administrativo es de obligado cumplimiento para cada una de las acciones formativas o cursos que las administraciones públicas deseen impartir. Además, estas deben disponer todo el material y todas las instalaciones y aulas que requiere cada una de las especialidades formativas con certificado de profesionalidad correspondiente. Este esfuerzo no solo supone un gran trabajo administrativo, sino también un alto coste económico puesto que la administración que promueve la formación debe asumir el riesgo de la inversión sin tener garantías de la concesión de la acción formativa por tratarse de un proceso que se resuelve en concurrencia competitiva.
Por otro lado, la forma de abono de las cuantías subvencionadas establece el pago anticipado del 50% del importe concedido para la totalidad del proyecto antes del inicio del mismo; y un segundo pago del 50% restante una vez presentada la justificación del primer pago y una vez realizada la comprobación formal por el órgano competente para resolver. Por tanto, la entidad solicitante tiene que aportar y adelantar los costes del programa hasta que se produce la resolución de justificación. En programas como las escuelas taller, los talleres de empleo o casas de oficio supone un enorme lastre económico para la liquidez de las entidades locales solicitantes.
Por todo ello, proponemos la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:
Primero.- Instar a la Junta de Andalucía a que modifique la normativa que permita disponer del 100% de la cuantía de la subvención concedida.
Segundo. Instar a la Junta de Andalucía a que elimine la concurrencia competitiva de las convocatorias de subvenciones puesto que, en la mayoría de los casos, supone un obstáculo para los ayuntamientos de menor tamaño o mejores recursos.
Tercero: Instar a la Junta de Andalucía a que modifique la normativa actual y permita a las administraciones públicas la firma de convenios con entidades privadas previamente homologadas y certificadas para la solicitud de programas formativos en sus instalaciones.
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